¿El decreto 1704 acabó el anonimato en Internet ?

Decreto que entró en vigencia desde el 15 de agosto obligaría a los proveedores de Internet a revelar teléfono, dirección y coordenadas geográficas de usuarios. Según el gobierno se hace por razones de defensa nacional y seguridad pública. 

Hoy existe un gran debate mundial acerca del anonimato en Internet.  Varios casos se han dado donde los gobiernos intentan establecer algún tipo de norma para evitar eventos como los disturbios en Londres o el levantamiento de personas en los países árabes. En alguno de estos actividades, incluso, se ha llegado a cortar Internet para evitar el colapso de un gobierno o que una idea no viaje a través de la red.

El gobierno colombiano, en ese escenario, ha intentado dos veces crear algún tipo de norma que trata de regular algunos aspectos de Internet. La primera de ellas la Ley Lleras y la segunda, que en este momento está en la Corte Constitucional debido a que tiene cuatro demandas, la Ley Lleras 2.0.  De una u otra forma son iniciativas que nacen del gobierno para actualizar o modificar las leyes a una era digital.

Aunque las anteriores iniciativas han sido públicas y se han debatido en medios y con la opinión pública  desde el pasado 15 de agosto está en vigencia en Colombia el decreto 1704 de 2012, que bien puede ser interpretado como una legislación que va en contra de los valores del anonimato en Internet, debido proceso y libertad de expresión.

El primero que se dio cuenta  de este decreto fue el columnista Ramiro Bejarano .  Aclaro que la lectura que se hace de esta legislación en este post, se hace desde mi experiencia como periodista que he cubierto estos temas desde hace varios años. Sin embargo, se deberá analizar la legislación completamente y con serenidad para encontrar los alcances que pueda tener para los usuarios de Internet en Colombia, o más específicamente para quienes hacen uso de los servicios de telecomunicaciones, es decir,  telefonía móvil e Internet.

El decreto, el anonimato y las autoridades 

Según Diego Molano Vega, ministro TIC, Juan Carlos Pinzón, ministro de defensa y Ruth Estella Correa, ministra de Justicia, el nuevo decreto se creó para optimizar  las labores de investigación del Estado. Es importante anotar que vivimos en un país en guerra, y que las autoridades tienen que realizar cierto tipo de actividades para encontrar personas que infringen la ley. Esto, sin embargo, no quiere decir que los decretos, como el 1704, sea tan generales y  den lugar a todo tipo de interpretaciones.

Con el nuevo decreto el Fiscal puede ordenar la interceptación de comunicaciones.

Básicamente lo que dice el decreto 1704 es que a las telefónicas se les impone un serie de obligaciones en aras de la seguridad pública.

El artículo segundo obliga a las telefónicas a permitir la interceptación legal de telecomunicaciones siempre y cuando exista una autorización del Fiscal. Acá es dónde los usuarios deben preguntarse sobre el debido proceso, porque según entiendo, debe mediar la autorización de juez  para que la interceptación sea una realidad.

Se habla de temas de defensa nacional y seguridad pública. La pregunta ahora es ¿quién define esto?. El decreto no lo dice, ni tampoco da razones  o ideas sobre qué se entiende por “seguridad pública”. ¿Será que un levantamiento como el del El Quimbo, que se ha hecho por Internet, se podrá detener con está nueva legislación?. Son preguntas que deberán responder los autores del decreto.

En los Considerando de la legislación se cita el articulo 53 de la Ley 1453 de 2011 donde se hace una mención a que el Estado puede realizar algún tipo de actividad a quien esté transmitiendo cierto tipo información a través de Internet.  Otro de los puntos que no quedan claros.

En el parágrafo del artículo segundo habla de que Mintic podrá establecer el marco técnico para  interceptar comunicaciones que así lo requiera el Fiscal.  En este punto es donde uno se pregunta dónde está el debido proceso y la autorización que deba dar un juez para la interceptación.  ¿En qué casos y para qué se realizará esta interceptación?.

A propósito de la obligación de dar información de los usuarios el decreto explica que se hará “cumplidos los requisitos legales”, sin embargo,  más adelante dice que la información debe darse en  tiempo Real.  El Fiscal podrá pedir la identidad del usuario, el tipo de facturación el tipo de conexión, coordenadas geográficas de los usuarios. 

El artículo 4 habla de entrega de Bases de Datos a las autoridades. Otro de los puntos donde no hay claridad.

Esta es una lectura previa al decreto.  Animo a todos los usuarios que puedan leer este post, para que con tranquilidad, analicen las consecuencias de la legislación.

El articulista Bejarano cuestiona la redacción del decreto, específicamente cuando habla de “autoridad competente”, estas pequeñas palabras podrían abrir un boquete  para que cualquier autoridad pudiera pedir datos.

Finalmente dice Bejarano que entregar las bases de datos de los proveedores de servicios a las autoridades  “en un Estado verdaderamente democrático es impensable y peligroso”.

Queda también para cuestionar la forma como este decreto se firmó. Nadie supo. No se hicieron ruedas de prensa mostrando las maravillas de la tecnología como generalmente hace Mintic ni tampoco se dio a conocer en los perfiles en Twitter de Mintic y mucho menos del ministro.

No olvide que este blog es Creative Commons. Si usted es un medio de comunicación no olvide citarlo. Si usted es un bloguero puede copiarlo y pegarlo, siempre y cuando cite.  Gracias.

De pronto te gustaría leer:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *